Historia de Por Héctor Figueroa/Excélsior.
Los líderes de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, así como los presidentes de ambas cámaras, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presentaron una iniciativa para impedir que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma judicial.
De esta forma, los legisladores de la 4-T buscan elevar a rango constitucional la improcedencia del amparo y evitar que reformas constitucionales queden congeladas por controversias ante el Poder Judicial de la Federación.
“Sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 1ro, adiciona un último párrafo al artículo 103, se adiciona un ‘último párrafo al artículo 105.
“Y se reforma el párrafo primero de la fracción II del artículo 107 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, se lee en la propuesta legislativa.
“Los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución, por su forma, procedimiento o fondo, y que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que este dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos”, añade la iniciativa.
López Hernández señaló que la enmienda constitucional “hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General, son la expresión más alta de la voluntad más alta del pueblo de México”.
Agregó que en el diseño constitucional, las reformas a la Carta Magna “son el resultado de un alto proceso deliberativo, una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial”.
“En consecuencia, la reforma a la Constitución, no es y nunca ha sido equiparable a ningún acto legislativo, pues su resultado modifica el parámetro de validez del resto del orden jurídico mexicano y sujeta a la actuación de todas las autoridades del Estado”, apuntó.
Agregó que “el Poder Judicial de la Federación, tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación”.